El pasado día 30 de abril de 2015 tuvo lugar la aprobación del Real Decreto Ley que regula los derechos de televisión del fútbol español. Lo que pretendía el ejecutivo con este Real Decreto era la optimización del reparto de los derechos de televisión entre clubes profesionales y así lograr que la liga española no se aleje del nivel de las grandes ligas del fútbol europeo.
Una vez aprobado el Real Decreto Ley y para sorpresa de todos, la AFE –Asociación de Futbolistas Españoles- anunció la convocatoria de huelga de todos los futbolistas, la cual daría comienzo el próximo día 16 del presente mes.
En aras a comprender cuales son los argumentos por los cuales la AFE ha convocado esta huelga y cuáles son los argumentos por los que la LFP ha calificado esta huelga como ilegal, se reproducen los motivos que ambas partes esgrimen.
De una parte, AFE considera que el Gobierno no ha dado trámite de audiencia a los principales agentes que integran el fútbol español para elaborar el Real Decreto Ley 5/2015 de 30 de abril. En segundo lugar, existe un perjuicio manifiesto tanto para los intereses como para los derechos de los futbolistas profesionales. En tercer lugar, el perjuicio que supone la atribución que establece el Real Decreto Ley a los órganos de la LFP para dictar acuerdos privados que no necesitan la aprobación del CSD cuya incidencia radica en las condiciones laborales y en la carrera deportiva de los futbolistas. En cuarto lugar, la ausencia de garantías para el cobro de los salarios de los futbolistas y en quinto lugar la falta de retorno económico directo a la Asociación de Futbolistas Españoles, de los ingresos que pudiera derivarse por la venta centralizada de los derechos audiovisuales.
Los objetivos que persigue la AFE con la convocatoria de esta huelga son entre otros, que se abra un periodo de diálogo y negociación con la AFE para consensuar un modelo equilibrado de gestión de comercialización de los derechos audiovisuales del futbol profesional, que se pacte una distribución más equitativa de los ingresos provenientes de la venta centralizada de los derechos audiovisuales entre los participantes en el Campeonato Nacional de Liga, que se constituyan garantías con los ingresos provenientes de la venta de los derechos audiovisuales, para el cobro de las deudas salariales de los futbolistas y demás profesionales que tengan licencia federativa en el mundo del fútbol o la participación de los representantes de la Asociación de Futbolistas Españoles en todos los órganos constituidos en el fútbol profesional, que incidan en los intereses y derechos de los futbolistas profesionales, entre otros.
Por otra parte, la LFP declara esta huelga como ilegal y de carácter político habida cuenta que la tramitación del Real Decreto-Ley objeto de debate, ha sido una decisión del Gobierno en el que nada tiene que ver la propia LFP.
La liga afirma que “se trata de una huelga de solidaridad (prohibida por el Decreto-Ley de 1977) y apoyo a la RFEF en defensa de intereses de ésta ajenos al interés profesional de los deportistas”. Además añade que “la huelga pretende alterar ilícitamente lo pactado en el vigente Convenio Colectivo LFP-AFE (algo también prohibido)”
Una de las cuestiones más llamativas que sostiene la LFP es que la huelga se convoca contraviniendo lo expresamente pactado en el convenio colectivo vigente entre LFP y AFE para resolver los conflictos, cuestiones que es a todas luces prohibida.
Por último, la patronal afirma que “el Real Decreto-Ley audiovisual no resta ni empeora ninguno de los derechos de los que venían disfrutando los futbolistas profesionales; al contrario, la nueva regulación redunda en beneficio de todos cuantos participan en la competición de fútbol profesional y atribuye parte de esos beneficios tanto a colectivos de deportistas hasta ahora desprotegidos como también a las asociaciones sindicales de los deportistas profesionales para contribuir a la consecución de sus propios fines”.
Si centramos las miradas en Javier Tebas -actual presidente de la LFP- el mismo declaró el pasado viernes que si la huelga finalmente es declarada ilegal, los manifestantes tendrán que pagar daños y perjuicios a la liga y los clubes apuntando que “cada jornada son daños de 50 millones de euros, aunque las jornadas luego se recuperasen”.
Lo que está claro es que este Real Decreto-Ley ha generado un revuelo inédito en el mundo del deporte, encontrando posturas de todo tipo. Según Miguel Ángel Ramírez Alonso presidente de UD Las Palmas SAD la medida adoptada por el ejecutivo se trata de una herramienta legal eficaz para reposicionar a la Liga Española en Europa, beneficiando al futbol aficionado y a otros deportes, y no solo a grandes clubes a nivel mundial como puede ser el FC Barcelona o el Real Madrid. “Según refleja el propio RD, un 67,4% de los españoles se declara simpatizante de algún equipo de fútbol profesional. El 75% ve siempre que puede a su equipo por televisión. Más de 13 millones de personas asistieron a estadios de Liga BBVA o Liga Adelante la pasada temporada. Las audiencias televisivas de La Liga española superaron los 210 millones de espectadores. El fútbol genera en España 144.000 empleos a tiempo completo, y contribuye con casi 3.000 millones de euros a través de impuestos a la arcas del Estado” Es por ello que el Gobierno ha decidido entrar a regular la percepción de estos ingresos, puesto que el fútbol supone un importantísimo fenómeno social,
Pero por otro lado, son muchos los autores que afirman que el Real Decreto-ley 5/2015 de 30 de abril supone un intervencionismo fuera de lugar. El legislador es consciente de tal intervencionismo y aunque lo intenta justificar en la exposición de motivos, según estos autores no lo consigue. El Gobierno lo que sí podría intentar es que los diversos agentes existentes en el ámbito deportivo lleguen a un acuerdo en el reparto de beneficios que se obtienen por la comercialización de las distintas competiciones, pero no, irrumpir mediante una medida de carácter urgente en asuntos que son de índole privada.
Como se puede comprobar, las opiniones son totalmente opuestas y encontradas, lo que hay que estar es que la Audiencia Nacional ha retrasado hasta el día de hoy la decisión sobre la suspensión o no de la huelga convocada por la AFE.