“En el marco de la creciente recuperación económica, se revisarán las tasas judiciales. Las personas físicas quedarán exentas en todas las órdenes e instancias”. Esta ha sido la `pobre´ explicación que ha proporcionado el Ejecutivo de Rajoy, tras una – aún más – paupérrima explicación del Presidente del Gobierno en el debate sobre el Estado de la Nación, al anunciar que se “revisarán” estos impuestos que suponen una limitación de los más vulnerables al acceso a la justicia.
Sin embargo, fue bajo su mandato, cuando en 2012, el por aquél entonces Ministro de Justicia, Alberto Luis-Gallardón, introdujo una de las más polémicas normas que ha generado un enorme rechazo social, al ser la primera vez que se obligaba a pagar una media de entre 50 y 750 euros por ejercitar un derecho social como es el acceso a la justicia.
Es sin duda, una buena noticia de la que desde CRG Abogados queremos hacer eco de la gran importancia que supone luchar contra esta traba, que lo único que genera son injusticias sociales, donde una vez más, somos las personas y colectivos quienes nos encontramos en una situación tan desfavorable como es la barrera que suponen estas tasas al acceso de los diversos órdenes jurisdiccionales.
Nos gustaría decir que las movilizaciones y la insistencia de determinados colectivos como son los de Abogados y Procuradores, han supuesto una presión que ha ocasionado este cambio “súbito” de opinión. Sin embargo, la falta de detalles como son su entrada en vigor o en qué consiste dicha revisión, nos obliga a ser prudentes y recordar que nos encontramos en precampaña.